jueves, 19 de mayo de 2016
DECLARACIÓN PÚBLICA CON MOTIVO DE LA 33 VIGILIA POR LAS PERSONAS FALLECIDAS A CAUSA DE SIDA.
La Red Nacional de Pueblos Indígenas con respuesta al
VIH-SIDA, RENPO Chile, declara públicamente y manifiesta su repudio por la
discriminación de que es objeto la población indígena y por el incumplimiento
del mandato Constitucional del artículo 19, que asegura derechos fundamentales
a todas las personas que habitan en nuestra larga y angosta faja de tierra,
entre ellas, nuestros indígenas, primeros pobladores de nuestro país.
Dicho artículo, en su numeral
Nº 1, impone al Estado la obligación de asegurar “el derecho a la vida y a la
integridad física y psíquica de la persona…”, comprendiéndose en él el
derecho a la salud; y, en el numeral Nº 9, “El Derecho a la Protección de la salud: El
Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción,
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.- Le
corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas
con la salud.- Es deber del Estado garantizar la ejecución de las acciones de
salud, sea que se presten a través de las instituciones públicas o privadas, en
la forma y condiciones que determine la ley”.
Lo anterior implica que “No
basta vivir, es necesario hacerlo en la plenitud de las cualidades de los
medios orgánicos de que estamos provistos por naturaleza y vivir bien para
conseguir los fines humanos”[1].
Es por ello que RENPO una
vez más quiere sumarse a esta conmemoración a 33 años del Candlelight.
Homenajeamos a quienes
sufrieron las consecuencias del SIDA y a todos los indígenas invisibilizados que
ya no están por causa de esta pandemia. Al mismo tiempo, llamamos a la
solidaridad con quienes en este momento padecen la invasión de un nuevo colonizador como es el VIH/SIDA, que deja muerte, pobreza y
sufrimiento a los pueblos indígenas de Chile y América Latina.
En este Candlelight renovamos
nuestro compromiso de lucha como Pueblos Indígenas, en favor de la inclusión y
reconocimiento, como pueblos y naciones, reivindicando derechos Sociales,
Políticos y Culturales.
El VIH/Sida sigue siendo una
realidad a escala mundial. Por eso, queremos perseverar en el trabajo para
cerrar la brecha social y sanitaria, de forma tal que todas las personas que lo
precisen tengan acceso al tratamiento de esta enfermedad.
En los últimos años, nuestra
población indígena de Chile ha sufrido un aumento significativo en los casos de
infecciones de VIH. Esto puede deberse, entre otras cosas, a la inexistencia de
prevención y campañas sanitarias en los pueblos indígenas de nuestro País.
Creemos que el Ministerio de Salud de Chile está muy lejos del trabajo en
prevención del VIH/Sida con una visión intercultural.
La comunidad internacional de
Naciones y los Pueblos del mundo entienden que en Chile se estigmatiza y
discrimina a los Pueblos Indígenas y más aún, a las personas indígenas viviendo
con VIH/Sida o que forman parte de la Diversidad Sexual Cultural.
Nuestro país:
- Debe difundir el estudio epidemiológico sobre VIH y
Tuberculosis realizado por la antropóloga Malva Marina Pedrero para crear
acciones sanitarias dirigidas a la defensa de la vida de los Pueblos Indígenas.
- Tiene que reconocer que sin los indígenas no llegaremos a la
meta 90 - 90 - 90 de ONUSIDA.
- Tiene que reconocer que sin el reconocimiento de la medicina
indígena y sus prácticas sabias, para una buena adherencia de los tratamientos
antirretrovirales, no tendremos tratamiento 2.0.
- Debe promover la participación y un nuevo trato de buena fe
entre los pueblos indígenas, el estado y la sociedad civil de Chile
- Debe aplicar plena y efectivamente el
Tratado Internacional Convenio 169 de la OIT, en los programas de VIH/Sida.
martes, 22 de marzo de 2016
Juicio por vulneración de derechos fundamentales en contra de la defensoría penal pública de Arica se realiza el miércoles
Funcionaria Aymara, quien se desempeñó como informática en
la Defensoría Penal Publica de Arica, denuncia una conducta continua del citado
servicio público, de hostigamiento laboral, solicitando una indemnización por
daño moral y las sanciones correspondientes a la institución. El juicio ya tiene
fecha para su realización.
Para el próximo
23 de marzo a las 10:30 horas quedo agendado finalmente la causa judicializada
ante los tribunales laborales de Arica, por parte de la funcionaria aymara Sra
Jovana Morales López en contra de la Defensoría Penal Pública, denunciando
conductas atentatorias en contra de su libertad de trabajo, de su honra, de su integridad sicológica, derivando en una
desvinculación arbitraria del servicio sin
respetar protocolos mínimos instruidos a todos los servicios públicos
del país.
La funcionaria
ingeniera informática ingreso a trabajar el año 2008, manteniéndose de manera ininterrumpida
en dicho servicio, sin sanciones disciplinarias ni administrativas, ni
sumarios, participando de la asociación de funcionarios de la Defensoría a
nivel regional, la que mantuvo hasta finales de año 2014. Desde el inicio de su
relación laboral sufrió hostigamiento por parte de sus jefaturas, intensificándose
una vez perdido su fuero sindical. En
este sentido la funcionaria señala en su libelo denunciante. “Estos hechos
comienzan antes del año 2010 y se agravaron producto de terminar mi fuero como
representante de la asociación de funcionarios (AFUDEP) en Diciembre del 2014.
Durante el periodo que me desempeñe como directora regional de la AFUDEP, desde
agosto del 2010 hasta diciembre del 2014, gozaba de fuero y no podían poner término
a mi contrata en la Defensoría de Arica y Parinacota, así las cosas terminado
mi fuero al inicio del año 2015, el acoso laboral se incrementó, quedando
expuesta a represalias por mi gestión en la AFUDEP, sufriendo cuestionamiento a
mis funciones, todo ello con el objeto de propiciar mi desvinculación de la
Defensoría”
La acción
judicial resulta ser representativa a nivel regional de la protección de los derechos
de los pueblos originarios de la región y de los funcionarios públicos frente a
los abusos en los servicios públicos de la región, buscando amparar derechos fundamentales
garantizados por la Constitución, que habrían sido vulnerados durante la
relación funcionaria de la Sra. Jovana Morales con la Defensoría, basado en
conductas de acoso laboral,
hostigamiento, discriminación y aislamiento de la funcionaria. Ya en la
pasada audiencia de preparación del juicio, ante los juzgados laborales, se
hicieron presentes organizaciones indígenas de Arica, así como también dirigentes
de la Anef a nivel regional.
Un punto a
considerar es que se trata de una acción judicial en contra de un servicio público
en donde la vía para que un trabajador ejerza sus derechos es a través de la
acción de tutela de derechos fundamentales, contemplada en el art 485 y
siguientes del Código del trabajo, normativa que sanciona así también las
represalias ejercidas en contra de trabajadores como consecuencia del ejercicio
de acciones judiciales, ya sea actúen estos trabajadores como intervinientes o
testigos.
Tod@s somos Jovana, te invitamos
apoyar mañana en el juzgado laboral de Arica, ubicado en Blanco Encalada 945.
miércoles, 20 de enero de 2016
Funcionaria aymara acusa discriminación
y vulneración de derechos fundamentales por parte de la Defensoría Penal
Publica de Arica y Parinacota
Como una causa con prioridad a nivel
regional han tomado las organizaciones aymaras de Arica la acción judicial
interpuesta por la trabajadora de origen aymara de la Defensoría Penal Pública
de Arica Sra. Jovana Morales López, en que se pone en relevancia el tema de la
discriminación, el aislamiento y el Mobbing Laboral con afectación sicológica y
psiquiátrica de la trabajadora por parte de las jefaturas de dicha institución,
en donde se denuncia por la trabajadora una política discriminatoria constante de
la Defensoría Penal Pública, institución representada por el Sr defensor
Regional Don Claudio Gálvez Giordano. Se denuncia a una institución que
desconoce la realidad multicultural de la región, incumpliendo tratados
ratificados por Chile como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y las propias normas
Laborales y Constitucionales.
La denunciante Sra. Jovana Morales López
durante 7 años fue bien calificada, sufriendo hostigamiento y la
invisibilizacion de su persona durante toda la relación laboral, acrecentándose
esta conducta una vez que pierde el fuero sindical en diciembre del 2014,
pasando a ser la única funcionaria en 7 años que no le renuevan su contrata, lo
cual resulta ser el corolario de todos los actos de hostigamiento sufridos de
manera continua durante su relación funcionaria con la Defensoría, tratándose
de una persecución a una trabajadora aymara basada en motivaciones que difieren
de su idoneidad profesional, así también denunciando que la Defensoría incumple
instructivos para los servicios públicos en cuanto a los funcionarios a
contrata, cometiendo arbitrariedades y fomentando un torcido ambiente laboral.
La Defensoría Penal Pública de Arica y
Parinacota fue catalogada según estudios practicados de manera externa por
parte de la Defensoría Nacional, como la Defensoría de Chile con más alta
somatización de sus funcionarios, con patologías relacionadas con el clima
laboral. Es de conocimiento que se ha pretendido, a través
del nombramiento de funcionarios de origen aymara posterior a la presentación
de la acción por parte de la funcionaria, limpiar la imagen del servicio.
Constituyendo una
causa emblemática para las organizaciones indígenas de Arica, así como también la
eventual existencia de actos vulneratorios en otros servicios públicos es que
se extiende el llamado de parte de estas
organizaciones a denunciar este tipo de conductas en los servicios
públicos de la región de Arica y
Parinacota. En este sentido el apoyo a la presente causa por parte de la Anef
(Asociación Nacional de funcionarios), ha sido manifestado por parte de sus
dirigentes a nivel regional, teniendo especial preocupación sobre este tipo de
coyunturas laborales que pudiesen afectar a sus asociados, como ocurre en el
presente caso.
La audiencia preparatoria laboral de la causa de la funcionaria pública
Sra. Jovana Morales López, se llevara a cabo el próximo jueves 21 de enero a
las 8:30, en el juzgado del trabajo de Arica, ubicado en Blanco Encalada 945.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)