Funcionaria Aymara, quien se desempeñó como informática en
la Defensoría Penal Publica de Arica, denuncia una conducta continua del citado
servicio público, de hostigamiento laboral, solicitando una indemnización por
daño moral y las sanciones correspondientes a la institución. El juicio ya tiene
fecha para su realización.
Para el próximo
23 de marzo a las 10:30 horas quedo agendado finalmente la causa judicializada
ante los tribunales laborales de Arica, por parte de la funcionaria aymara Sra
Jovana Morales López en contra de la Defensoría Penal Pública, denunciando
conductas atentatorias en contra de su libertad de trabajo, de su honra, de su integridad sicológica, derivando en una
desvinculación arbitraria del servicio sin
respetar protocolos mínimos instruidos a todos los servicios públicos
del país.
La funcionaria
ingeniera informática ingreso a trabajar el año 2008, manteniéndose de manera ininterrumpida
en dicho servicio, sin sanciones disciplinarias ni administrativas, ni
sumarios, participando de la asociación de funcionarios de la Defensoría a
nivel regional, la que mantuvo hasta finales de año 2014. Desde el inicio de su
relación laboral sufrió hostigamiento por parte de sus jefaturas, intensificándose
una vez perdido su fuero sindical. En
este sentido la funcionaria señala en su libelo denunciante. “Estos hechos
comienzan antes del año 2010 y se agravaron producto de terminar mi fuero como
representante de la asociación de funcionarios (AFUDEP) en Diciembre del 2014.
Durante el periodo que me desempeñe como directora regional de la AFUDEP, desde
agosto del 2010 hasta diciembre del 2014, gozaba de fuero y no podían poner término
a mi contrata en la Defensoría de Arica y Parinacota, así las cosas terminado
mi fuero al inicio del año 2015, el acoso laboral se incrementó, quedando
expuesta a represalias por mi gestión en la AFUDEP, sufriendo cuestionamiento a
mis funciones, todo ello con el objeto de propiciar mi desvinculación de la
Defensoría”
La acción
judicial resulta ser representativa a nivel regional de la protección de los derechos
de los pueblos originarios de la región y de los funcionarios públicos frente a
los abusos en los servicios públicos de la región, buscando amparar derechos fundamentales
garantizados por la Constitución, que habrían sido vulnerados durante la
relación funcionaria de la Sra. Jovana Morales con la Defensoría, basado en
conductas de acoso laboral,
hostigamiento, discriminación y aislamiento de la funcionaria. Ya en la
pasada audiencia de preparación del juicio, ante los juzgados laborales, se
hicieron presentes organizaciones indígenas de Arica, así como también dirigentes
de la Anef a nivel regional.
Un punto a
considerar es que se trata de una acción judicial en contra de un servicio público
en donde la vía para que un trabajador ejerza sus derechos es a través de la
acción de tutela de derechos fundamentales, contemplada en el art 485 y
siguientes del Código del trabajo, normativa que sanciona así también las
represalias ejercidas en contra de trabajadores como consecuencia del ejercicio
de acciones judiciales, ya sea actúen estos trabajadores como intervinientes o
testigos.
Tod@s somos Jovana, te invitamos
apoyar mañana en el juzgado laboral de Arica, ubicado en Blanco Encalada 945.