"Tras 18 años por fin un poco de justicia para los pueblos originarios"
Satisfecho por la aprobación del Convenio 169 de la OIT, tras 18 años de tramitación legislativa en el Congreso, el senador Alejandro Navarro valoró el hecho calificándolo de “momento histórico que simboliza un primer paso hacia nuevas, más modernas y civilizadas formas de interlocución y convivencia con los pueblos originarios de Chile”.
El parlamentario dijo que “tras un largo periplo, que incluyó incluso una presentación ante el Tribunal Constitucional y un intento por por parte de la derecha de introducir una declaración interpretativa, hemos podido aprobar este Convenio que entrega, formalmente, la condición de sujetos activos de derechos a las comunidades y sus miembros, para desarrollarse en todos los ámbitos propios de su cultura y costumbres”.
Navarro destacó, como uno de los puntos importantes de este instrumento internacional “el artículo 15 que establece que los derechos de los pueblos interesados en los recursos existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente, considerándose su derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.
Sobre lo mismo agregó que “este artículo considera incluso que cuando la propiedad de los minerales o de los recuros del subsuelo pertenezcan al Estado o éste tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos son perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección on explotación de los recursos existentes en sus tierras”.
“Incluso -añadió- el Convenio establece que “en esta materia, tan importante para el desarrollo material de los pueblos originarios, éstos deberan participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.
El legislador del PS dijo que “por lo tanto, con la ratificación de este Convenio tan innecesariamente postergado en el tiempo entramos a una nueva etapa, que no será ni de caos, ni de declaraciones de independencia de los pueblos, ni ninguno de esos escenarios catástróficos que imaginó y uso la derecha durante atodos estos años para oponerse a él. Por el contrario, es una oportunidad maravillosa para mostrar la riqueza de nuestra diversidad cultural y étnica, tal como lo han hecho países que lo ratificaron hace años y que tienen mucha más población indígena, como Australia y Nueva Zelandia”
“Personalmente -agregó- hemos votado a favor de esta ratificación porque creemos que los elementos que incorpora le hacen bien a Chile, como un país que mantiene una deuda histórica con los pueblos originarios. A un país que todavía se ha permitido la licencia de aplicar la ley antiterrorista ante las acciones reivindicativas de tierras, tratando a aquellos actos al igual que los actos criminales terroristas, que cegan vidas humanas, vidas inocentes. Espero, además, que aprobado el Convenio 169, dotemos a la Constitución del reconocimiento constitucional a las nueve etnias que constituyen la nación chilena”.
Navarro dijo esperar que “también este paso se aproveche para mejorar la institucionalidad que tenemos en materia indígena, porque hay que reconocer que la Conadi debe ser perfeccionada de manera que pueda cumplir un rol activo en esta nueva etapa, pues es el organismo del Estado que se relaciona más directamente con los pueblos originarios y que no tiene la mejor evaluación entre los comunidades. Podemos perfeccionarla, pero para eso, necesitamos voluntad de legislar al respecto”.
Finalmente, el legislador indicó que “el actual escenario obliga a una revisión del tratamiento de la temática indígena, acogiendo, por ejemplo, las recomendaciones que han hecho el relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, así como de organismos internacionales como Human Rights Watch, la Federación de Abogados de DDHH de América Latina y Amnistía Internacional. Por eso, el gobierno no debe ni pensar en hacer una declaración interpretativa de este Convenio, evitando exponerse a un bochorno innecesario”.
PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA
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