Ofensiva Judicial Aymara contra Exploraciones Mineras en Reserva Nacional Las Vicuñas
05/09/2007
primeraplana. cl / Arica
La Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible un recurso de protección constitucional en contra de la intendenta de Tarapacá, Antonella Sciaraffia, en representació n del Consejo Regional del Medio Ambiente (COREMA), presentado por el Consejo Autónomo Aymara. Dicha acción judicial cuestiona la autorización para la realización de prospecciones mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, por parte de la sociedad minera Vilacollo S. A.
Hortensia Hidalgo, representante del grupo Aymara señaló que “llama poderosamente la atención que la intendenta Antonella Sciaraffia haya participado de una decisión tan relevante que afectará al patrimonio cultural de las comunidades indígenas Aymaras de la zona”.
Agregó que “esta decisión pone en evidencia los compromisos prioritarios de la intendenta con los grupos económicos del país en desmedro de los habitantes del lugar. Esta resolución constituye una clara perdida de confianza con las comunidades indígenas y las organizaciones sociales y vecinales de la nueva región”.
El Consejo Aymara dio a conocer a la opinión pública que la autorización de parte de la COREMA es ilegal y además representa una decisión apresurada en beneficio de los grupos económicos. También afirman que habría ignorado los instrumentos jurídicos de orden nacional, incluso aquellos relativos al derecho internacional como son el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención RAMSAR y la Convención de Washington. Todos los instrumentos internacionales mencionados tienen por objeto la preservación de los recursos, la protección y conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural de las comunidades locales e indígenas.
El área en cuestión, que será objeto de prospección por parte de la Minera Vilacollo, corresponde a territorios ancestrales de las comunidades indígenas del Pueblo Aymara. Es el espacio natural y culturalmente construido y tienen estrecha relación con áreas de actividades espirituales aymaras.
Hortensia Hidalgo indicó que “la empresa minera y sus vínculos en otras actividades económicas han generados situaciones desastrosas afectando la vida, la salud de los habitantes del país, han destruido la biodiversidad y en otros casos han sido sancionados a raíz de la falta de compromiso con el medio ambiente”.
Finalmente, la representante del Consejo Aymara dijo que “hacemos un llamado a las organizaciones sociales a sumar esfuerzos de unidad y entendimiento para frenar la arremetida de los grupos económicos que son los responsables de la desigualdad social y la pobreza con la mayoría de los habitantes del país”.
PREOCUPACION PARLAMENTARIA
Ya a mediados de agosto, el senador PPD, Guido Girardi había planteado públicamente su preocupación por la aprobación de esta iniciativa, acusando al gobierno regional de violar la ley para favorecer a una empresa ligada a Copec.
"Esta es una situación vergonzosa, no tendríamos por qué estar acá alegando y defendiendo algo que tiene pleno resguardo, plenas garantías, donde hay un conjunto de leyes que establecen protección y además una protección que es absolutamente clara", dijo Girardi en esa oportunidad
.
"Lo grave de esta situación es en términos de la participación ciudadana, ni las organizaciones, ni la ciudadanía han tenido la posibilidad de conocer este proyecto", dijo por su parte la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona.
Adicionalmente, en esa ocasión se anunció la creación de una comisión investigadora y la evaluación de una eventual acusación constitucional en contra de la intendenta Sciaraffia
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