Los representantes de las organizaciones de los Pueblos Indígenas convocados por la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras y el Parlamento Indígena de América PIA, reunidos en la Cumbre de los Pueblos Indígenas en la ciudad de Santiago de Chile, alrededor de la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos.
Los participantes de la Cumbre de los Pueblos Indígenas, tenemos la convicción que la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos instaurados desde el año 1992 en adelante constituye una propicia oportunidad de parte de los Pueblos Indígenas para reafirmar y subrayar todos nuestros derechos y libertades fundamentales que nos asisten como Pueblo preexistentes a los Estados gobiernos.
De igual manera, afirmamos la necesidad de que éstas Cumbres superen el carácter retórico y se traduzcan en acciones para el cumplimiento fiel de los compromisos socio-económicos, ambientales y de derechos humanos asumidos en diversos instrumentos internacionales y la verdadera cooperación internacional, para superar las profundas diferencias producto de viejas y nuevas relaciones coloniales y neocoloniales.
1.- Subrayamos que los compromisos internacionales de todos los gobiernos del mundo en el marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio ODM, sobre la Erradicación de la Pobreza no se están cumpliendo a pesar del avanzado tiempo de su compromiso.
La Erradicación de la Pobreza con los Pueblos Indígenas implica un reconocimiento y protección de los derechos tangibles e intangibles relativos a las tierras y territorios, recursos hídricos, suelo y subsuelo, la protección al conocimiento y sabiduría ancestral, el control y respeto a la biodiversidad y el derecho a la libre determinación entre otros derechos elementales.
2.- Valoramos la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y muy particularmente el reconocimiento del derecho a la libre determinación y los derechos relacionados con las tierras, territorios y sus recursos.
A partir de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entendemos que todos los derechos contenidos en el instrumento tienen plena vigencia, y de el derivan obligaciones jurídicas para los gobiernos, por lo que cualquier violación a los derechos contenidos en la Declaración la interpretamos como un acto de incumplimiento de parte de los gobiernos con el derecho internacional y los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.
Demandamos la armonización de los marcos jurídicos y constitucionales de los Estados en base al espíritu y principios de la Declaración de las Naciones Unidas. Para tal efecto, es necesario que los gobiernos se comprometan a su elaboración mediante un proceso de consulta democrática con los pueblos indígenas.
Celebramos que Bolivia haya incluido en su ordenamiento jurídico la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los Estados legítimamente constituidos deben reconocer la naturaleza multicultural, multilingüe, multiétnica superando el lastre socio-político del Estado centralista, asistencialista y clientelar que niega la naturaleza y la contribución que hacemos la riqueza que encarnamos los Pueblos indígenas y el resto de los actores sociales, reconocido en la Convención Internacional sobre Protección y Fomento de la Diversidad Cultural aprobado en la UNESCO.
3.- Los acuerdos de libre comercio y de inversiones, tanto bilaterales como multilaterales, establecidos por los gobiernos, han afectados intrínsicamente todos los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, particularmente los proyectos e inversiones en los ancestrales y tradicionales territorios de los Pueblos Indígenas de parte de las compañías nacionales y trasnacionales. Ejemplos destacados de impacto negativo han sido los proyectos forestales de monocultivos, en depredación de la Biodiversidad, las actividades prospección y extracción de las compañías mineras, los megaproyectos hidroeléctricos, las actividades de las compañías farmacéuticas, la piratería intelectual y biopirateria en general.
Demandamos la suspensión del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, también conocida como “ley de la Semilla”, que pretende imponernos una inaceptable obligación de entrega a las empresas multinacionales de nuestro trabajo y conocimientos milenario sobre las semillas; misma que no permitiremos que sea patentado. Asimismo, rechazamos los compromisos obligatorios de los tratados que ponen en riesgo la Soberanía Alimentaria y la identidad de Pueblos Indígenas y campesinos como es el caso de México con la apertura definitiva a las importaciones de maíz, frijol, y leche bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
4.- Durante la última década hemos observados y vividos la intensificación de aplicaciones de medidas jurídicas y políticas de criminalización con las legitimas luchas de los Pueblos Indígenas y de los movimientos sociales del hemisferio. Las medidas extremas que han tomado los Estados aplicando leyes antiterroristas y leyes de seguridad interior del Estado, están abiertamente reñidas con los principios elementales de los derechos humanos y en contradicción con principios básicos de cualquier sistema democrático y alejados de los estados de derechos legítimamente constituidos.
Exigimos la despenalización de la protesta social y cumplir con las obligaciones jurídicas internacionales de dar todas las garantías para su expresión socio política, entendiendo que es un derecho humanos básico de la democracia y constituye la expresión de la propia voz en el espacio publico y la movilización de demandas legítimas e históricas.
Exigimos a los gobiernos la libertad de todos los presos de conciencia o presos políticos indígenas que han luchado por el cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos.
5.- Las mujeres indígenas han sido victimas de la negación de sus derechos elementales y la desprotección de sus derechos, así como del incumplimiento en la aplicación de los instrumentos internacionales, lo que significa que los sistemas de gobiernos han desatendido una realidad histórica poniendo en desventaja a la mujer en su efectiva participación en los espacios de poder, así como el respeto de los derechos sexuales, reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
Por lo que demandamos el respeto integral de los derechos de las mujeres y en particular de las mujeres indígenas.
6.- En el marco de los conflictos armados internos y de alcance internacional en América los gobiernos han diseminados con minas antipersonal en los ancestrales y tradicionales territorios de los Pueblos Indígenas, es el caso de los Indígenas del norte de Chile, Colombia, Nicaragua, Perú, Ecuador entre otros.
La permanencia de las minas antipersonal en los territorios indígenas particularmente de aquellos que viven en las fronteras constituye una amenaza permanente y representa un freno para el desarrollo, la integración y la convivencia pacifica. Por lo mismo, exhortamos a los gobiernos a que cumplan con la Convención de Ottawa sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.
Consejo de Todas las Tierras Mapuche –Chile-
Parlamento Indígena de América PIA -Bolivia y Venezuela
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) -México
MONEXICO: Consejo Indígena de Pueblos Nahuatl y Chorotegas México–Nicaragua/COMPA.
Consejo Pewenche de Lonquimay - Chile
Asociación Indígena de la Republica de Argentina AIRA- Argentina
Consejo de Autónomo Aymara -Chile
Ministerio Poder Popular Pueblos Indígenas -Venezuela
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa –Bolivia
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia –Bolivia
Sumac Llajta II Región Chile
Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyu CONAMAC - Bolivia
Confederación Sindical de Comunidades de Bolivia – Bolivia
Asociación CODIMA Copiapo III Región Chile
Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza - Perú
Red para la Participación Indígena - Chile
Santiago de Chile 10 de noviembre de 2007
