jueves, 13 de septiembre de 2007

Corte de Arica admite recurso contra Intendenta de Tarapacá


Ofensiva Judicial Aymara contra Exploraciones Mineras en Reserva Nacional Las Vicuñas

05/09/2007
primeraplana. cl / Arica

La Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible un recurso de protección constitucional en contra de la intendenta de Tarapacá, Antonella Sciaraffia, en representació n del Consejo Regional del Medio Ambiente (COREMA), presentado por el Consejo Autónomo Aymara. Dicha acción judicial cuestiona la autorización para la realización de prospecciones mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, por parte de la sociedad minera Vilacollo S. A.

Hortensia Hidalgo, representante del grupo Aymara señaló que “llama poderosamente la atención que la intendenta Antonella Sciaraffia haya participado de una decisión tan relevante que afectará al patrimonio cultural de las comunidades indígenas Aymaras de la zona”.


Agregó que “esta decisión pone en evidencia los compromisos prioritarios de la intendenta con los grupos económicos del país en desmedro de los habitantes del lugar. Esta resolución constituye una clara perdida de confianza con las comunidades indígenas y las organizaciones sociales y vecinales de la nueva región”.

El Consejo Aymara dio a conocer a la opinión pública que la autorización de parte de la COREMA es ilegal y además representa una decisión apresurada en beneficio de los grupos económicos. También afirman que habría ignorado los instrumentos jurídicos de orden nacional, incluso aquellos relativos al derecho internacional como son el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención RAMSAR y la Convención de Washington. Todos los instrumentos internacionales mencionados tienen por objeto la preservación de los recursos, la protección y conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural de las comunidades locales e indígenas.


El área en cuestión, que será objeto de prospección por parte de la Minera Vilacollo, corresponde a territorios ancestrales de las comunidades indígenas del Pueblo Aymara. Es el espacio natural y culturalmente construido y tienen estrecha relación con áreas de actividades espirituales aymaras.

Hortensia Hidalgo indicó que “la empresa minera y sus vínculos en otras actividades económicas han generados situaciones desastrosas afectando la vida, la salud de los habitantes del país, han destruido la biodiversidad y en otros casos han sido sancionados a raíz de la falta de compromiso con el medio ambiente”.


Finalmente, la representante del Consejo Aymara dijo que “hacemos un llamado a las organizaciones sociales a sumar esfuerzos de unidad y entendimiento para frenar la arremetida de los grupos económicos que son los responsables de la desigualdad social y la pobreza con la mayoría de los habitantes del país”.


PREOCUPACION PARLAMENTARIA


Ya a mediados de agosto, el senador PPD, Guido Girardi había planteado públicamente su preocupación por la aprobación de esta iniciativa, acusando al gobierno regional de violar la ley para favorecer a una empresa ligada a Copec.

"Esta es una situación vergonzosa, no tendríamos por qué estar acá alegando y defendiendo algo que tiene pleno resguardo, plenas garantías, donde hay un conjunto de leyes que establecen protección y además una protección que es absolutamente clara", dijo Girardi en esa oportunidad
.

"Lo grave de esta situación es en términos de la participación ciudadana, ni las organizaciones, ni la ciudadanía han tenido la posibilidad de conocer este proyecto", dijo por su parte la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona.


Adicionalmente, en esa ocasión se anunció la creación de una comisión investigadora y la evaluación de una eventual acusación constitucional en contra de la intendenta Sciaraffia

http://www.primeraplana.cl/noticias_detalle.php?recordID=1753

miércoles, 12 de septiembre de 2007

MINISTRA URIARTE PIDE REVISAR AUTORIZACIÓN DE COREMA Y ABRE PUERTA A INVALIDACIÓN


Martes 11 de septiembre de 2007

Busca que proyecto en reserva nacional Las Vicuñas pase por un Estudio de Impacto Ambiental

Por José Miguel Jaque / La Nación

Diputados exigirán hoy a la ministra una norma clara sobre las intervenciones mineras en áreas protegidas.


Intendenta Antonella Sciaraffia deberá explicar por qué aprobó exploración minera en una reserva nacional con una simple declaración de impacto ambiental. El tema ha levantado tanta polvareda que Uriarte asistirá hoy a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados

Punto para Fernando Dougnac. El abogado de la Fiscalía de Medio Ambiente lo dijo hace una semana: la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos faculta al director ejecutivo de Conama para instruir a la cabeza de la Corema de la Primera Región que revise la aprobación del proyecto Choquelimpie en la Reserva Nacional Las Vicuñas. Por eso, los parlamentarios de la resucitada bancada verde le solicitaron a la ministra Ana Lya Uriarte que mandatara al director de la Conama a hacerlo.

La titular de Medio Ambiente quedó, en ese entonces, de revisar la ley. Lo hizo y solicitó al director de Conama, Álvaro Sapag, que iniciara un procedimiento administrativo destinado a examinar la juridicidad de la resolución que autorizó el proyecto el pasado 10 de julio de 2007. El primer paso de Sapag será solicitar a la cabeza de la Corema regional, la intendenta Antonella Sciaraffia, que informe sobre el procedimiento y los argumentos jurídicos para aprobar, vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la polémica exploración minera.

Paso dos: Sapag solicitará a los servicios públicos con competencia ambiental que estime convenientes para los efectos de este proyecto, si corresponde o no la invalidación de la autorización.
Paso tres: el director de Conama pedirá un informe al titular del proyecto -Minera Vilacollo, filial del grupo de Empresas Copec- para que explique bajo qué normativas y permisos justifica el proyecto en esa área.

Uriarte busca que se invalide la autorización para que el proyecto sea evaluado mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). ¿Qué implica un EIA? Que el titular presente línea de base, se haga cargo de los impactos ambientales y de la manera de mitigarlos. Además, se activa la participación ciudadana para que los actores de la comunidad involucrados presenten sus observaciones. La comunidad aymara ya se adelantó: el viernes 31 de agosto presentó un recurso de protección en contra de la intendenta Sciaraffia como representante de la Corema , que fue admitido el lunes siguiente por la Corte de Apelaciones de Arica. "Si hay participación ciudadana, haremos valer el derecho colectivo fundamental de nuestro pueblo indígena y para eso hay instrumentos internacionales, como la Convención de Biodiversidad Ambiental de Río, la Convención de Washington y las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos", explica Hortencia Hidalgo, vocera Consejo Autónomo Aymara.

A dos cuadras de las oficinas de Conama, la bancada verde hizo su aparición callejera. Ya se habían reagrupado para advertir al Gobierno que no aprobarían proyectos del Ejecutivo mientras la exploración minera no fuera detenida y ayer entregaron una carta en La Modena donde instan a la Presidenta Bachelet a revocar el proyecto Choquelimpie.

En la misiva de tres hojas, parlamentarios y ecologistas señalan que la aprobación para la minera Vilacollo es una más de muchas acciones en perjuicio del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas. Sin embargo, la entrega de la carta fue un acto simbólico: el senador Girardi y compañía se reunieron hace dos semanas con el ministro del Interior, Belisario Velasco, para pedirle que, como superior jerárquico, instruya a la intendenta a revocar el permiso. Nada de eso ocurrió

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20070910/pags/20070910211511.html

domingo, 9 de septiembre de 2007

¡ NO AL NEOLIBERALISMO !.




Aquí algunas fotos del 29 de Agosto de la Jornada Nacional de movilización y acción sindical ¡ NO AL NEOLIBERALISMO !. Donde el Consejo Autónomo Aymara (CCA) Se hizo presente manifestando las siguientes demandas:

Reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas

Por la ratificación del Convenio 169 de la OIT

Participación política indígena (Sistema Binominal)

No a la minería en territorio aymara


A CONQUISTAR UN ESTADO SOCIAL, DEMOCRATICO Y SOLIDARIO

lunes, 3 de septiembre de 2007

NO A LA MINERIA


Kamisaraki Jilatanaka kullakanaka

El Consejo Autónomo Aymara CCA, comunica que el día viernes hemos presentado un recurso de protección constitucional en contra de la intendenta Antonella Schiarafia en representación del Consejo Regional del Medio Ambiente (COREMA), Por autorizar el proyecto minero de la sociedad minera Vilacollo S. A. en la reserva nacional las Vicuñas. Hoy nos dieron su resultado y es admisible, así que comienza su curso.

NO A LA MINERIA
POR LA LIBRE DETERMINACIÒN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

miércoles, 29 de agosto de 2007

DECLARACION PÚBLICA CONSEJO AUTÒNOMO AYMARA


El Consejo Autónomo Aymara CAA, emite la siguiente declaración ante la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente COREMA, en cuanto a autorizar actividades de prospección de la Minera Vilacollo en el Parque Nacional las Vicuñas.

1.- Llama poderosamente la atención que la Intendenta Antonella Sciaraffia haya participado de una decisión tan relevante que afectará al patrimonio cultural de las comunidades indígenas Aymaras de la zona. Esta decisión pone en evidencia sus compromisos prioritarios de la intendenta con los grupos económicos del país en desmedro de los habitantes del lugar. Esta resolución constituye una clara perdida de confianza con las comunidades indígenas y las organizaciones sociales y vecinales de la nueva región.

2.- Subrayamos que la autorización de parte de la COREMA, es ilegal y además representa un decisión apresurada en beneficio de los grupos económicos, que no tiene en cuenta los instrumentos jurídicos de orden nacional y particularmente aquellos relativos al derecho internacional como son el Convenio de de Diversidad Biológica, la Convención RAMSAR y la Convención de Washington. Todos los instrumentos internacionales mencionados tienen por objeto la preservación de los recursos, la protección y conversación de la biodiversidad y la protección del patrocinio cultural de las comunidades locales e indígenas.

3.- Cabe recordar que el área que será objeto de prospección por parte de la Minera Vilacollo son territorios ancestrales de las comunidades indígenas del Pueblo Aymara del lugar, es el espacio natural y culturalmente construido y tienen estrecha relación con áreas de actividades espirituales de las comunidades indígenas.

4.- La resolución de COREMA lamentablemente representa un compromiso con los grupos económicos que no han mostrado una preferencia con la conversación, ni respeto con un desarrollo sustentable. Dicha empresa minera y sus vínculos en otras actividades económicas han generados situaciones desastrosa afectando la vida, la salud de los habitantes del país, han destruido la biodiversidad y en otros casos han sido sancionados, a raíz de la falta de protección con el medio ambiente.

5.- El Consejo Autónomo Aymara anuncia que en los próximos días concurriremos a los tribunales para hacer respetar los derechos que en el contexto de la prospección se vulnerarán, asimismo, anunciamos que recurriremos a los tribunales internacionales para denunciar esta grave situación, considerando que se esta incumpliendo los compromisos internacionales de las autoridades del país.

6.- El Consejo Autónomo Aymara, exhorta a la intendenta Antonella Sciaraffia, que manifieste muestra de compromiso con los habitantes de la región y particularmente con los Aymaras, de lo contrario su función será un factor de controversia, de conflictos sociales y culturales que no deseamos.

7-. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales a sumar esfuerzos de unidad y entendimiento para frenar la arremetida de los grupos económicos que son los responsables de la desigualdad social y la pobreza con la mayoría de los habitantes del país.


Hortencia Hidalgo C.
Consejo Autónomo Aymara



Ángel Bolaños F.
Consejo Autónomo Aymara



Arica, 27 Agosto 2007

lunes, 27 de agosto de 2007

PROPUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN INDIGENA EN LA REFORMA AL SISTEMA BINOMINAL





Propuesta sobre participación indígena al proyecto de reforma al sistema Binominal.. Fue recibida por los diputados René Alinco, Guillermo Ceroni, Jaime Quintana, Guido Girardi [padre], Tucapel Jiménez, Sergio Aguiló y Ramón Fiarías, entre otros. El grupo de parlamentarios fue encabezado por el Diputado Carlos Marco Enríquez-Ominami

Las organizaciones de los Pueblos Indígenas de Chile abajo firmantes presentamos a la Honorable Cámara de Diputados una propuesta sobre Participación Política Indígena en el contexto de la Reforma al Sistema Binominal, que modifica la Ley N. 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

FUNDAMENTACIÓN
Antecedentes generales

1.- Consideramos que la reforma al sistema electoral constituye una aspiración central de la ciudadanía en general y de los Pueblos Indígenas en particular, quienes aspiran a participar en un proceso democratizador y en las decisiones fundamentales del país en un contexto autonómico, como lo establece el Derecho Internacional basado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, adoptado por su Consejo de Derechos Humanos en 2006, la cual consagra en su articulo 3.- que “Los Pueblos Indígenas tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”, y en el mismo articulo 3.-bis establece que “Los Pueblos Indígenas, al ejercerse su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como los medios para financiar sus funciones autónomas”. Y asimismo, el articulo 4, referente a la participación política indígena, el cual señala que “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.


2.- La propuesta tiene por objeto establecer de manera institucional el derecho a la participación política de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de erradicar la exclusión histórica de la que han sido objeto las comunidades indígenas de Chile, basándose en los estándares internacionales, las Recomendaciones de la Comunidad Internacional al Estado de Chile, el principio del Derecho a la Participación en todos los asuntos que nos afectan, y el Derecho a la Autodeterminación establecido en el Derecho Internacional contemporáneo. Exclusión Histórica y Discriminación


3.- Desde la formación del Estado Chileno, los Pueblos Indígenas han sido objeto de exclusión y discriminación en todas sus manifestaciones, a pesar que el país ha experimentado históricamente un ascenso sobre formas de participación democrática que han comprendido, por ejemplo, el voto sencitario del siglo XIX y el reconocimiento del derecho a sufragio a la mujer. Sin embargo, la clase política chilena no ha subsanado la exclusión y la discriminación con los Pueblos Indígenas; al contrario, se ha establecido una doctrina de la negación con las comunidades indígenas del país. Los Partidos Políticos y los Pueblos Indígenas

4.- Las organizaciones de los Pueblos Indígenas consideramos que los partidos políticos son una manera legitima de organización política de la sociedad chilena, sin embargo, en su relación con los Pueblos Indígenas estos han mantenido una estructura de subordinación y colonialismo interno. Esta situación ha favorecido la invisibilización y la negación de los Pueblos Indígenas y sus derechos.

La Ley Indígena y su limitado derecho a la participación

5.- La ley indígena 19.253, establece el derecho a la participación en el artículo 34.-, el cual señala que “Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley”. Este tipo de participación resulta totalmente limitado, considerando además que el nivel institucional en que se abordan las cuestiones indígenas es marginal en el contexto de la estructura del Estado chileno, lo que impide tratar las cuestiones fundamentales de los Pueblos Indígenas.

El Derecho Internacional a la Participación Indígena

6.- A pesar de la exclusión y racismo que son objeto los Pueblos Indígenas en el país, el Derecho Internacional ha avanzado progresivamente en cuanto a establecer y garantizar el Derecho a la Participación Indígena. La citada Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que “los Pueblos Indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, vida y destino, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”.

La Comunidad Internacional y los Pueblos Indígenas

7.- La comunidad internacional ha venido observando la desprotección jurídica y constitucional de los Pueblos indígenas y sus derechos en Chile. En este sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas establece valiosas recomendaciones en el informe E/CN.4/2004/80/Add.3; asimismo el Comité Internacional sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DECS). Los días 14 y 15 marzo de 2007, en lo que respecta al sistema binominal, el Comité de Derechos Humanos en su 89º periodo de sesiones CCPR/CCHl/5, recomendó al Estado de Chile que “El Estado parte debería acrecentar sus esfuerzos para superar los obstáculos políticos que impiden la reforma de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, a fin de garantizar en igualdad el derecho al sufragio universal, establecido en el articulo 25 del Pacto”. Práctica Política Internacional sobre el Derecho a la Participación Indígena
8.- Existen variadas experiencias internacionales de reconocimiento del derecho a la participación de los Pueblos Indígenas. Países como Colombia y Venezuela nos reportan experiencias positivas sobre la inclusión de los Pueblos Indígenas en el marco de un proceso creciente de democratización. La Constitución Bolivariana , por ejemplo, establece el derecho a la participación de la siguiente manera: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley”. Así también la experiencia de autonomía del Pueblo Indígena Sami de Noruega, la cual se expresa en la creación y funcionamiento de un Parlamento Sami: “El Parlamento Sami se encarga de cuestiones tales como la educación, la lengua, reforzar sus instituciones políticas, la protección del medio ambiente y la cultura, el desarrollo económico y la cooperación internacional de los Sami… El Parlamento Sami tiene jurisdicción sobre todos los asuntos que en opinión del Parlamento afectan particularmente al pueblo Sami”. Un Bicentenario Sin Discriminación ni Exclusión

9.- El proceso de Democratización en Chile, da cuenta que los pueblos Indígenas siguen siendo objeto de la doctrina de la negación. Porque resulta inaceptable para un sistema democrático arribar a la conmemoración de un Bicentenario manteniendo la exclusión política y la discriminación con los Pueblos Indígenas del país, la Reforma al Sistema Binominal es una propicia oportunidad para establecer un mecanismo de participación política de los Pueblos Indígenas, de esta manera asegurando una convivencia pacifica basada en un Diálogo Institucional entre el Estado Chileno y los Pueblos Indígenas del país.

PROPUESTA
Representantes Indígenas en el Parlamento Chileno
10.- Se propone, aplicando el principio de acción positiva que orienta los avances del derecho internacional en materia de reconocimiento del derecho a la participación de los pueblos indígenas, y la experiencia internacional en la materia, y que en Chile ha motivado la discusión sobre la Ley de Cuotas para asegurar la igualdad de oportunidades de participación política para las mujeres; la participación institucional de un número de cinco Diputados Indígenas en la Cámara Baja y dos Senadores indígenas en el Senado. Procedimientos de Elección
11.- Se procederá a elegir a los postulantes tanto a la Cámara de Diputados como al Senado mediante un procedimiento basado en la auto identificación indígena y en los procedimientos que los mismos Pueblos Indígenas definan como válidos en el ejercicio de su Derecho a la Libre Determinación.

HORTENCIA HIDALGO
Consejo Autónomo Aymara

AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA
Consejo de Todas las Tierras


ANICETO NORIN CATRIMAN
Comunidad Diádico – Malleco

PASCUAL PICHUN PAILLALAO
Comunidad Temulemu

Chile, 18 de abril de 2007

domingo, 12 de agosto de 2007

Mutilados en el olvido






Estimad@s Amigos y Amigas:


Compartimos con ustedes la síntesis del Video Mutilados en el olvido. Video que refleja casos de hermanos indígenas mutilados del norte de Chile por minas antipersonales. Las minas antipersonal diseminadas en los territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños-Lickanant ay, se efectuaron en un contexto político de conflictos armados y controversias Internacionales entre Chile, Perú y Bolivia, situación que determinó las fronteras de los Estados nacionales y para las comunidades indígenas representó la conculcación de los derechos colectivos relativos a las tierras, territorios y sus recursos, el desarrollo y particularmente el ejercicio del derecho a la libre determinación.

Las declaraciones del Ministro del interior del Estado de Chile Belisario Velasco con motivo a una manifestación publica efectuadas por ciudadanos Peruanos en Tacna alrededor de la línea de concordia, con fecha 03 de abril del 2007, dio cuenta de la amenaza de las minas antipersonal “advertimos del peligro que representan las bombas antipersonal, que se encuentran en la frontera, con el invierno altiplanico se ha podido comprobar que hay minas que se desplazan y que están en otros lugares en que todavía no se han efectuado el retiro de estas, entonces, es altamente riesgoso que alguien cruce por este sector del territorio” (diario La Tercera , El Mercurio, La Segunda 03, de abril 2007) Estas declaraciones representa un progreso muy significativo para las organizaciones de los Pueblos indígenas abocados en la promoción y protección de los derechos humanos, considerando que por primera vez una autoridad del mas alto nivel del Estado de Chile reconoce que parte importante del territorio nacional que determinan las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia están minados y los artefactos explosivos se encuentran diseminados en el ancestral territorio de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños-Lickantay .

Hortencia Hidalgo

Consejo Autònomo Aymara